OCU pide medidas “urgentes” para garantizar tarifas sociales del agua a consumidores vulnerables

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha dirigido a la Dirección General de Consumo para que “inste” a los ayuntamientos españoles a aplicar el Real Decreto 3/2023 sobre los requisitos técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, en concreto el artículo 11, en el que se enumeran las obligaciones de la administración para facilitar el acceso al agua a la población vulnerable.

Así lo anunció este martes la asociación en un comunicado en el que precisó que la petición se fundamenta en un estudio publicado en el número de noviembre de la revista OCU Contigo en el que se advierte sobre la falta de acceso a las tarifas sociales para un servicio “esencial” como es el agua.

En concreto, carecen de bonificaciones o exenciones en las tarifas del agua para los colectivos vulnerables Cáceres, Castellón, Gijón, Guadalajara, Jaén, Lérida, San Sebastián, Segovia, Soria y Toledo. “Pero es que, además, en las ciudades que sí las ofrecen no se cumple la normativa, que exige que como mínimo sean atendidos los criterios del bono social eléctrico y solo Bilbao cumple”, abundó, al tiempo que indicó que, por el contrario, suelen emplear criterios “muy dispares, difíciles de entender” y que requieren de una “compleja justificación” que debe trasladarse al ayuntamiento año tras año.

En este contexto, OCU solicita a la Dirección General de Consumo que actúe como interlocutor con “mayor capacidad ejecutiva” para que “urja” a los ayuntamientos a desarrollar varios derechos sociales básicos como definir e identificar al colectivo vulnerable utilizando al menos los criterios del bono social eléctrico, tal y como recoge el Real Decreto.

BONIFICACIONES O EXENCIONES

También, establecer bonificaciones o exenciones en las tarifas del agua para estos consumidores vulnerables y establecer mecanismos “sencillos y eficaces” para que los beneficiarios del bono social eléctrico accedan “automáticamente” a las tarifas sociales del agua, sin necesidad de presentar más documentación.

El estudio también refleja “enormes diferencias” en el precio del agua según la ciudad, de los 148 euros/año que se pagan en Orense por un consumo de 150 metros cúbicos, a los 516 euros/año en Barcelona por el mismo consumo.

Según el estudio, también están por encima de los 400 euros/año varias ciudades andaluzas, como Sevilla, Huelva, Almería y Cádiz, además de Alicante, Murcia y Tarragona; y Bilbao, en este caso por unos costes de saneamiento “muy altos”.

“Diferencias de precios difícilmente justificables cuando afectan a localidades con situaciones de partida muy similares y a servicios igualmente similares, como el coste de los servicios de alquiler y mantenimiento del contador, o el coste de la depuración”, apostilló.

Además, OCU critica que los bloques de consumo de agua, con precios progresivamente más altos, “rara vez tengan en cuenta el número de personas que viven en esa vivienda”, lo que, a su juicio, “desincentiva un menor consumo”.

Junto a ello, subrayó que, al mismo tiempo y ya desde el año 2023, se ha producido un incremento del 12% del precio, que “casi duplica el IPC de este periodo”.

Un incremento que podría responder a la exigencia de que las tarifas se “aproximen a los costes reales”, así como a nuevas inversiones a raíz de la sequía del verano de 2024, según aseveró OCU, con el convencimiento de que “es un nuevo sobrecoste para todos los consumidores, incluidos los más vulnerables, que hoy por hoy y para el caso del agua siguen afrontando prácticamente las mismas cargas que el resto”.

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